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Procuraduría anticorrupción defiende intereses del Estado en 35 mil procesos

Procurador Amado Enco: carga procesal es atendida por 170 abogados.

MINJUSDH apoya creación de nuevas unidades para fortalecer lucha anticorrupción.

La Procuraduría Pública General Especializada en Delitos de Corrupción viene ejerciendo la defensa jurídica del Estado en 35 mil 557 procesos seguidos contra actores públicos y privados a nivel nacional.

Esta carga procesal es atendida por 170 abogados destacados en las 37 oficinas descentralizadas que componen esta entidad dependiente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Los procesos corresponden a investigaciones preliminares, investigaciones preparatorias, juicios orales, casaciones, sentencias en ejecución, entre otros.

Del total de casos, 527 son considerados emblemáticos porque atienden a criterios como monto económico comprometido, delitos cometidos y, principalmente, porque involucran a servidores públicos de alto nivel (presidentes regionales, alcaldes, gerentes, directores).

En este grupo figuran casos como “La Centralita”, “Chinchero”, “Gregorio Santos”, “Línea 2 del Metro de Lima”, y otros.

La actual gestión ministerial dispuso el máximo apoyo para fortalecer la lucha anticorrupción. El procurador anticorrupción Amado Enco informó que este año se han sumado a su equipo 39 abogados nuevos. Sin embargo, ante la demanda procesal se requiere un mayor número de defensores del Estado. 

“La meta es contar con un equipo de 350 abogados para desarrollar un trabajo óptimo en investigación, lectura de expedientes, asistencia a las audiencias. Nuestro objetivo es diseñar otros mecanismos que nos ayuden a concluir las investigaciones y no generar la extensión innecesaria de algunos procesos”, explicó.

En este propósito, la procuraduría creó la Unidad de Peritos, equipo multidisciplinario encargado de elaborar la sustentación técnica del daño económico ocasionado al Estado por casos de corrupción.

Asimismo, se fortaleció la Unidad de Ejecución de Sentencias encargada de los cobros por reparación civil y, paralelamente, se creó la Unidad de Gestión Documentaria para tener un mejor control de expedientes.