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Decreto de Urgencia N° 003-2017 impedirá que la corrupción se lleve dinero del país

El Decreto de Urgencia Nª 003-2017 impedirá que el dinero producto de prácticas corruptas cometidas por empresas salga del país, y garantizará la continuidad de proyectos y obras de inversión a favor del país.

“El gobierno cree en la inversión privada, pero con reglas y respeto al estado de derecho. Eso implica no permitir las coimas y lavado de activos que perjudican la economía nacional”, precisó la ministra de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad Pérez Tello.

Aseguró que el dispositivo emitido por el gobierno busca garantizar la continuidad de servicios públicos como carreteras, gasoductos e infraestructura de desarrollo. Pero al mismo tiempo, evitar que empresas corruptas saquen sus ganancias producto de prácticas ilícitas.

Explicó que el decreto tiene vigencia de un año para evitar la salida de capitales o ganancias mal habidos, y que la norma aplicará en el caso de Odebrecht y otras empresas implicadas.

“Con este decreto decimos a las empresas: si reconoces tu responsabilidad, vamos a estudiar si tus contratos fueron justos, si los arbitrajes fueron correctos y las adendas legales, para cautelar los intereses del país”, explicó.

Concluyó que la lógica del gobierno es perseguir a quienes cometieron delitos y frente a los casos graves de corrupción, demostrar que la política de inversiones es para servir al bienestar social.

El DU Nº 003-2017 rubricado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski y sus ministros evitará paralizar obras públicas o asociaciones público-privadas, por actos de corrupción.

La norma precisa que alcanza a empresas, sus funcionarios o representantes que hayan sido condenadas por corrupción en el Perú o el extranjero. Igualmente a empresas que reconocieron cometer delitos contra la administración pública, lavado de activos o similares.

En estos casos, se suspende la transferencia del íntegro de capitales provenientes de sus inversiones en el país (venta de activos, acciones, participaciones y otras), así como sus utilidades o dividendos.

La suspensión se aplicará hasta que las empresas cumplan con pagar el íntegro de reparación civil a favor del Estado. El MINJUSDDHH establecerá un fideicomiso para garantizar que el Estado cobre esta compensación del daño ocasionado por corrupción.