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MINJUS_2017

Con decreto legislativo Nº 1327, Estado brinda protección de identidad y laboral a quienes denuncien actos de corrupción

El decreto legislativo Nº 1327, emitido por el gobierno en el marco de las facultades legislativas y cuyo reglamento se publicó el viernes 14 de abril en el diario oficial, facilita e incentiva la denuncia de hechos de corrupción en el Estado, protege a los denunciantes y promueve la ética en la función pública.

Así, en adelante quienes denuncien actos corruptos lo harán bajo un marco legal, con  garantías de reserva, protección laboral y otras definidas por primera vez en el Perú para mejorar el manejo eficiente en la administración pública.

Asimismo, el decreto y su reglamento sancionan las denuncias de mala fe y sin sustento.

El reglamento establece que las Oficinas de Integridad Institucional de entidades públicas se encargan de recibir denuncias, evaluarlas y disponer las medidas de protección. Estas son: reserva absoluta de identidad, de información y proceso.

Las medidas de protección laboral implican el traslado temporal del denunciante a otra unidad orgánica, sin afectar sus condiciones de trabajo, renovación de contrato o convenio, licencias, exoneraciones y otras condiciones.  

La protección se extiende mientras pueda haber peligro para el denunciante y personas afines al denunciante.  Las denuncias pueden ser anónimas.

El reglamento define las obligaciones de los denunciantes de cooperar con las diligencias, salvaguardar la confidencialidad del proceso y  sus etapas, sostener la veracidad y facilitar investigaciones a su persona.

La norma, asimismo, busca el equilibrio mediante sanciones aplicables a denuncias de mala fe. En estos casos, se suspende la protección y su autor puede ser pasible de sanciones administrativas y penales.

Acciones corruptas

La finalidad de realizar denuncias es esclarecer hechos lesivos al Estado y que la información dada motive que la fiscalía formalice investigación.

Por ello, el reglamento incluye un instructivo para denunciar actos de corrupción en el Estado como manipulación de expedientes técnicos o términos de referencia para favorecer indebidamente a proveedores en convocatorias públicas.

También la generación de falsas necesidades para contratar, direccionamiento de buena pro y su entrega a postores con documentación falsa, vinculada a funcionarios o grupos impedidos de contratar; pagos indebidos, coimas, sobrevaloraciones de compras o manejo negligente de procesos.