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Acuerdo Nacional por la Justicia: 100 días al servicio del ciudadano y luchando contra la corrupción

Al cumplir sus primeros 100 días, el Acuerdo Nacional por la Justicia se encuentra trabajando para consolidar un sistema de justicia rápida y eficiente al alcance de los ciudadanos, fomentar la transparencia y luchar contra la corrupción y el crimen organizado.

Este espacio de diálogo, coordinación y colaboración entre Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Academia de la Magistratura, con respeto a la autonomía e independencia de cada institución, se inició con la firma del 2 de noviembre de 2016.

En este primer periodo se concretaron metas importantes. La primera de ellas, consolidar un plan anual de acciones comunes en la lucha contra la corrupción, enfrentar la inseguridad ciudadana y establecer una red de interoperabilidad.

Se pusieron en funcionamiento los primeros Centros Integrados del Sistema de Administración de Justicia (CISAJ) para concentrar en un solo espacio a los servicios de justicia. A través de ellos, la población accede a jueces, defensores públicos y policías, para una respuesta integral y rápida a sus demandas.

Para descentralizar y acercar la labor del Ministerio Público a la comunidad, se ha continuado la ejecución del Proyecto “Una Fiscalía en tu Distrito”, con el objetivo de implementar una fiscalía  en cada distrito para atender de manera inmediata las investigaciones penales, promoviendo un mayor acercamiento al ciudadano  y mayor celeridad en los procesos de investigación.

El acuerdo trabaja para revertir la demora en el trámite de los procesos judiciales. Así, los ciudadanos podrán neutralizar trabas y realizar trámites céleres, mediante medidas oportunas como capacitación de personal y creación de órganos de atención rápida.

Para fomentar la transparencia, se habilitó la “Ficha Única de Magistrado”, que pone a disposición de los ciudadanos información sobre jueces y fiscales (formación académica, experiencia profesional, resoluciones emitidas, procedimientos y sanciones). Esta información será tomada en cuenta en los procesos de ratificación ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). 

Con el mismo objetivo, el Decreto Legislativo N° 1342 emitido por el gobierno en coordinación con el Poder Judicial y el CNM, permitirá poner a disposición de la ciudadanía los pronunciamientos de los órganos de justicia. Decretos similares han permitido crear la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a Información Pública, la Procuraduría General del Estado y los mecanismos de protección a denunciantes de casos de corrupción en el Estado.

Finalmente, el Acuerdo Nacional por la Justicia aprobó presentar al Congreso dos proyectos de ley. El primero para que el Programa de Formación de Aspirantes (PROFA) vuelva a ser obligatorio y garantice la formación de quienes desean ingresar a la carrera judicial o fiscal; y el segundo, para otorgar facultades a la Academia de la Magistratura para dictar maestrías y doctorados con el objeto de fortalecer la preparación de los profesionales encargados de impartir justicia.

Las instituciones que componen el Acuerdo Nacional por la Justicia reiteran su compromiso de seguir trabajando para fortalecer el sistema de administración de justicia en nuestro país.