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Gobierno envía nota de protesta contra calificativo de “movimiento insurgente” otorgado a MRTA

Ministro de Justicia y Derechos Humanos reiteró defensa a comandos Chavín de Huántar en presentación del Gabinete en Congreso

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Jiménez Mayor, informó que el Gobierno envió una nota de protesta al Sistema Interamericano contra el calificativo de “movimiento insurgente” que le otorgó, en un comunicado de prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

“Se ha presentado una nota de protesta al Sistema Interamericano, señalando el enérgico rechazo del gobierno del Perú a la calificación de movimiento insurgente de este grupo terrorista”, aseveró en su intervención durante la presentación del Gabinete Ministerial en el pleno del Congreso, para obtener su voto de confianza, el cual se alcanzó con 71 votos a favor.

Recordó que en 1992 el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió la resolución 587, en la que calificó al MRTA y Sendero Luminoso (SL) como “grupos terroristas”.

“La agenda de los derechos humanos no es la de la CIDH. Es la agenda que construirá nuevos lineamientos basados en los estándares internacionales, pero implicados con las políticas sociales del Gobierno”, enfatizó.

Al referirse a la demanda de la CIDH al Perú ante la Corte IDH, por supuestamente no procesar en el fuero civil a los comandos Chavín de Huántar, Jiménez Mayor reiteró la defensa del Estado a quienes rescataron la embajada de Japón el 22 abril de 1997.

Terrorismo y corrupción
En otro momento, precisó que los terroristas le deben al Estado 3,980 millones de nuevos soles en reparaciones por su sentencia, perteneciendo 3,700 millones a la cúpula de SL, 50 millones a los cabecillas del MRTA y 230 millones a otros procesados.

“Vamos insistir en cobrar estas deudas. La defensa del Estado continuará con esta política de recuperación de fondos hasta el final”, subrayó y anunció la creación del Registro de Condenados por Terrorismo.

Además, comentó que las reparaciones civiles por cobrar, solamente en los actos de corrupción vinculados a los casos Fujimori-Montesinos, ascienden a 983 millones de soles y 15 millones en todas las Procuradurías Anticorrupción. “Sólo se ha cobrado en estos años el 0.6% de este monto de reparaciones”, dijo.

Juan Jiménez adelantó la creación del Registro de Deudores del Estado Condenados por Delitos de Corrupción y el Registro de Prófugos de la Corrupción. “La próxima semana implementaremos el Grupo Itinerante Anticorrupción”, informó.

Horas antes, en su exposición ante el pleno del Legislativo, el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés Dancuart, también expresó el enérgico rechazo del Gobierno a la decisión de la CIDH de demandar al Perú ante la Corte IDH por el caso de los comandos Chavín de Huantar, “considerados héroes por la ciudadanía”.

Señaló, además, que no se puede abrir un proceso ante la jurisdicción internacional cuando aún existe uno abierto en el país y que está ya en su fase final. Al respecto, según dijo, se han tomado medidas en los planos jurídico y político.

“En el plano jurídico, se ha procedido a la reestructuración y repotenciación de la defensa del Estado, nombrándose un procurador especial. Asimismo, se ha creado un equipo de apoyo multisectorial conformado por los sectores Defensa, Interior, Relaciones Exteriores y Justicia, para definir la mejor estrategia en apoyo al procurador especial”, explicó.

Agregó que también se ha creado un Grupo Consultivo Multipartidario, conformado por representantes de todos los partidos políticos con asiento en el Congreso, para informar, con total transparencia, las acciones que realiza el Gobierno en la defensa de este caso emblemático.

“De igual modo, en el plano político se planteará ante los foros internacionales correspondientes y ante la Asamblea General de la OEA la revisión de los mecanismos de trabajo de la CIDH”, señaló.

En el ámbito de los derechos humanos, Valdés Dancuart recordó la instalación del Consejo Nacional de Derechos Humanos para definir políticas junto con la sociedad civil, el nombramiento de los integrantes de la Comisión del Lugar de la memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social.

Finalmente, dijo que la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) viene implementando un Registro Móvil en zonas de pobreza y extrema pobreza, así como la reducción de las tasas para actos registrales que faciliten la inclusión social. También se promoverá la inscripción registral de comunidades nativas, rondas campesinas y organizaciones sociales a costos preferenciales.