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Lavado de Activos y Pérdida de Dominio

 Mejores herramientas para la lucha contra la criminalidad organizada y endurecimiento de penas contra el Lavado de Activos y Pérdida de Dominio

Debemos tener siempre presente que el objetivo central en gran parte de los delitos que se cometen, es generar una ganancia económica para el individuo o grupo que desarrolla determina actividad delictiva.

El delito de “lavado de activos” (LA) es el proceso por el cual se encubre el verdadero origen ilegal de los fondos generados por actividades ilícitas (por ejemplo: tráfico ilícito de drogas, financiamiento de terrorismo, contrabando, piratería, corrupción de funcionarios, etc.)

El objetivo del LA consiste en hacer que los fondos o activos obtenido a través de actividades ilícitas o ilegales aparezcan como el resultado de actividades legales o legítimas y así circulen sin problema alguno en el sistema económico-financiero de un país.

En esta misma línea de lucha contra la criminalidad organizada, el delito de pérdida de dominio (PP) se sustenta en el principio que los agentes del delito no tienen derecho real alguno sobre los bienes o activos integrantes de estos “patrimonios criminales”, y menos aún, el derecho de propiedad, puesto que todo derecho sólo se adquiere conforme a los mecanismos propios del ordenamiento jurídico, nunca contraviniéndolos, y menos a través de la comisión de un delito, que constituye el mayor ataque al ordenamiento jurídico de una Nación.

En consecuencia, privar a los agentes delictivos del producto del delito, no contraviene derecho fundamental alguno y menos el artículo 70º de la Constitución Política del Estado, que establece que el derecho de propiedad es inviolable. Por lo mismo, resulta legítimo privar a los agentes delictivos de estos productos e instrumentos y medios del delito.

Más aún, en el caso de las organizaciones criminales, la privación de los bienes o activos vinculadas a éstas, deberá realizarse sin necesidad de determinar que dichos bienes constituyen efectos, ganancias o instrumentos del delito, puesto que los “patrimonios criminales”, han sido amasados sin duda alguna,  a través de la comisión de múltiples delitos y los bienes o activos de origen lícito que pudiesen haber poseído, de todos modos habrán servido para facilitar la comisión del delito o su impunidad, lo que amerita la afectación correspondiente.

El Decreto Legislativo Nº 1104 perfecciona la Ley de Pérdida de Dominio (PP), la misma que constituye una herramienta efectiva y de aplicación clara y operativa para los operadores de justicia, que establece los mecanismos de distribución y administración de los bienes o fondos recaudados mediante este proceso.

De esta manera, con la vigencia de los Decretos Legislativos 1104 y 1106 se perfecciona la legislación que sanciona y reprime el delito de Lavado de Activos para que el Estado cuente con herramientas jurídicas y procesales más eficaces en su lucha contra la criminalidad organizada sin que ello afecte los derechos fundamentales de las personas como la presunción de inocencia y el debido proceso.

LAVADO DE ACTIVOS

En la reforma legislativa efectuada, se destaca el hecho de que ahora, el Lavado de Activos constituye un delito autónomo. Hasta hoy, la política existente en la administración de justicia establecía la necesidad de que exista una actividad ilícita preexistente comprobada, de la cual se podía colegir el Lavado de Activos. Sin delito preexistente no había lavado.

No importaba si al funcionario público, al presunto narcotraficante o extorsionador le encontraban dinero sin origen lícito conocido o justificable.  Con esta reforma legislativa, ahora el lavado de activos  (LA) es un delito autónomo por lo que para su investigación, procesamiento y eventual sentencia condenatoria, no es necesario que hayan sido descubiertas y sancionadas las actividades criminales que produjeron el patrimonio sin origen legal conocido.

También ahora se penaliza con cárcel de 8 a 15 años el transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de  origen ilícito.   Esto cubre un vació importante, sobre todo para el narcotráfico o el financiamiento del terrorismo que traslada el dinero que entra a las zonas productoras a las grandes ciudades de la costa, por medio de agentes financieros formales e informales. También esta norma pone bajo los reflectores de la justicia a las casas de cambio y agencias de viaje que reciben y envían dinero al extranjero,  la gran mayoría no reguladas, que mueven mucho dinero de origen desconocido y que no rinden cuenta de ello al Estado.

Es destacable que ahora las personas jurídicas que colaboren o encubran el lavado de dinero serán sancionadas. En el DL 1106 se imponen sanciones que van desde altas multas (50-300 UIT), hasta su disolución, pasando por clausura de locales, prohibición de actividades, cancelación de licencias, y otros.

Antes, las empresas comerciales, entidades financieras, casa de cambio, no eran afectadas institucionalmente al descubrimiento del delito; los responsables eran los funcionarios, por lo que solo tenían que remplazarlos para seguir adelante.

Cabe mencionar otras penas como aumento de 10 a 20 años la pena por lavado, si es que el valor involucrado el mayor a 500 UIT, prohibición de actividad de transferencia de fondos a quien no esté expresamente autorizada, imposibilidad de gozar de beneficios penitenciarios, entre otras.

Pero junto al endurecimiento de penas y tipificación como delito de actos de lavado, se han creado herramientas que le darán a la SBS, UIF, Policía Nacional, Jueces y Fiscales armas efectivas para investigar, detectar y sancionar el lavado de activos.

Mencionaremos primero la solución que se le ha dado a la poca colaboración de las entidades financieras en las investigaciones de lavado. Ahora se penaliza con pena de 2 a 4 años el rehusamiento, retardo y falsedad en el  suministro de información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial que le sea requerida, en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos, o deliberadamente presta la información de modo inexacto o brinda información falsa.

Se reafirma la obligación de las instituciones bajo supervisión de la SBS para que mejoren el control de operaciones y que reporten a la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS). Se establece que todas las entidades del Estado colaborarán con la UIF.

Igualmente, se fortalecen las funciones de la UIF: contarán con un cuerpo de peritos informantes cuyas identidades se mantienen  en reserva, quienes acudirán a las audiencias judiciales para sostener la verificación técnica de los informes elaborados por sus funcionarios y de los reportes efectuados por el Oficial de Cumplimiento de las entidades financieras.
Se enfatiza el deber de reserva para todos los que necesariamente conozcan de las investigaciones. Así, los investigados no cerrarán sus cuentas al ser indebidamente alertados que están bajo investigación.

Se crea el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras de Cambio de Moneda, el cual será supervisado por la SBS; se prohíbe el traslado de efectivo por las fronteras bajo pena de decomiso (lo que se conoce como dinero transfronterizo); y se enfatiza el deber de información a los Notarios Públicos y el control que va a tener sobre ellos la UIF, pues es a través de actos y contratos celebrados ante dichos funcionarios que se pretende legalizar el dinero ilegalmente obtenido.  Por lo mismo, los Notarios están obligados a efectuar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIF, conforme a los Protocolos que para tal efecto se aprueben.

En el proceso de investigación, se cuenta ahora con la posibilidad de abrir el secreto bursátil, lo que junto con el levantamiento del secreto bancario, tributario y de comunicaciones, le da a los organismos de investigación pertinentes armas efectivas para rastrear patrimonio de procedencia ilícita.

También se crea lo que se llama la Entregas Vigiladas: consiste en fungir de presuntos usuarios de servicios de lavado, pudiendo así los investigadores entregar activos para su “blanqueo”  a presuntos lavadores, para así probar su condición de criminal.

A esto  se le une un sistema de colaboración eficaz diseñado para que  puedan acoger quienes estando vinculado a la organización criminal, estén dispuestos a colaborar con la justicia para llevar a los Tribunales a los principales responsables de su organización delictiva y de su accionar criminal.

PÉRDIDA DE DOMINIO

Como complemento a las penas y herramientas para combatir el lavado de activos se tiene las normas de Pérdida de Dominio.

En el DL 1104 se hace un mejoramiento de la legislación sobre la. Materia, de esta manera, se establece que La Pérdida de Dominio es un proceso judicial especial de carácter real, que recae sobre cualquier bien que constituya objeto, instrumento, efecto o ganancia de un delito, independientemente de quien los tenga en su poder o quien los haya adquirido, cuando por cualquier causa, no es posible iniciar o continuar el proceso penal.

En relación a la primera norma de pérdida de dominio que se aplicaba para terrorismo, narcotráfico y lavado de activos, por medio del DL 1104 ahora se amplía la figura actual para aplicarla también a los delitos corrupción, aduaneros, defraudación tributaria, concusión, peculado, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, delitos ambientales, minería ilegal y otros delitos y acciones que generen efectos o ganancias ilegales en agravio del Estado.

Además, con el Decreto Legislativo Nº 1104 se crea la Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI, adscrita a la PCM, como único ente estatal encargado de la recepción, registro, calificación, custodia, seguridad, conservación, administración, arrendamiento, asignación en uso temporal o definitiva, disposición y venta en subasta pública, de los instrumentos, efectos y ganancias generadas por la comisión de delitos en agravio del Estado.

Las principales funciones de la CONABI son: Intervenir o administrar bienes, asignar en uso oficial, asignar a entidades privadas sin fines de lucro para obras sociales, subastar bienes fungibles o perecibles o aquellos que su administración sea muy onerosa o peligrosa, entre otras.

Asimismo, el CONABI administra el Registro Nacional de Bienes Incautados – RENABI, el que contiene la relación detallada de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias de delitos cometidos en agravio del Estado, destruye bienes peligrosos o dañinos para la seguridad pública o que hayan servido o sirvan o sean objeto para la comisión de ilícitos penales o generen perjuicio a derechos de terceros o sean nocivos (dragas ilegales por ejemplo).

CONCLUSIONES

Ahora, resumamos qué tenemos por delante. Quien quiera delinquir para hacerse rico, está debidamente advertido y notificado que el producto de sus ganancias al ingresar al sistema, será reportado, investigado y perseguido en secreto sin su conocimiento, con sus secretos financieros y de comunicaciones abiertos, para que su dinero o bienes sean incautados a él, sus familiares y relacionados. Luego será juzgado y condenado a una pena de cárcel de 8 a 20 años, sin beneficios penitenciarios, sólo por no poder probar un origen lícito del patrimonio, aunque la justicia no pueda sentenciarlo por otra actividad criminal.

Mientras purga cárcel, el patrimonio producto del dinero ilícito, será perseguido, confiscado y transferido a otros, aunque esté registrado a su nombre o no.

A las personas naturales que creen que en el Perú,  lavar dinero ilícito es un buen negocio, tomen nota que ahora pueden terminar en la cárcel entre 8 a 20 años, sin posibilidad de beneficios penitenciarios. Las personas jurídicas toman nota que pueden ser desde multadas a extinguidas si se dedican o toleran la actividad de lavado de dinero.

Es para pensarlo dos veces ¡!!!