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MINJUSDH fortalece la formación jurídica universitaria a través del II Concurso Nacional de Litigación Oral

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, organizó este viernes 22 de diciembre la Final Nacional del II Concurso Nacional Interuniversitario de Litigación Oral, en el cual participaron los mejores seis equipos universitarios (integrados por estudiantes de derecho) de todo el país.

Cabe resaltar que, previa a dicha final nacional, se desarrolló una etapa virtual y etapas regionales del concurso, teniendo como sede principal para la Región Norte, la ciudad de Trujillo; para la Región Sur, la ciudad de Cusco; para la Región Oriente, la ciudad de Pucallpa; para la Región Centro, la ciudad de Huancayo y para la Región Lima, la ciudad de Lima, en la que participaron más de 270 estudiantes universitarios, poniendo en evidencia sus habilidades y destrezas sobre la aplicación del Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Técnicas de Litigación Oral.

En la fecha antes indicada y después de varias simulaciones de audiencia, el equipo María Trinidad Enríquez de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se consagró ganador y campeón nacional de la final del citado concurso, quedando en segundo lugar el equipo universitario Advocatus de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

Finalmente, se desarrolló la premiación respectiva con la participación de las Sras. Lilian Necochea, representante de la Embajada Americana; María Isabel Moscol, representante de la Oficina de la OEA en el Perú, y el Sr. Edward Alberto Vega Rojas, Secretario Técnico de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, quien estuvo a cargo de las palabras de clausura, resaltando el esfuerzo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en aras de fortalecer la formación universitaria a nivel nacional y afianzar la reforma procesal penal a partir de la futura consolidación de adecuados cuadros profesionales (jueces, fiscales y abogados defensores), que redunden en la optimización de los servicios de justicia penal.